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El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, informó que actualmente cuatro personas defensoras de derechos humanos y periodistas se encuentran incorporadas al Mecanismo Federal de Protección, de las cuales solo un caso está relacionado con una institución del Gobierno del Estado y la Policía Estatal.
El funcionario precisó que los demás expedientes corresponden a hechos vinculados con autoridades municipales y federales, aunque subrayó que ello no exime al Gobierno de Oaxaca de su responsabilidad para atender y garantizar la seguridad de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Romero López detalló que, además de los casos incorporados al mecanismo federal, nueve personas defensoras fueron atendidas mediante un sistema de monitoreo coordinado por el área de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, logrando concluir sus expedientes sin necesidad de ser canalizadas a la instancia federal.
Asimismo, informó que permanecen vigentes 11 medidas cautelares emitidas en administraciones anteriores por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como cuatro medidas provisionales que continúan bajo seguimiento y supervisión.
El secretario señaló que el análisis histórico refleja una mayor concentración de agresiones contra personas defensoras y periodistas entre 2013 y 2022, mientras que en la actual administración se han identificado nueve casos, los cuales, aseguró, reciben atención focalizada para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Como parte de las acciones preventivas, anunció que propondrá a la Fiscalía General del Estado la instalación de una mesa de diálogo para construir acuerdos que fortalezcan la protección de las y los periodistas en Oaxaca.
“Uno de los primeros compromisos es garantizar la labor de los periodistas, no solo después de las amenazas o de la intervención de mecanismos federales, sino generar condiciones preventivas”, afirmó.
Finalmente, Romero López adelantó que se emitirá una convocatoria abierta para integrar propuestas que fortalezcan las garantías para el ejercicio periodístico en la entidad, con el objetivo de consolidar mecanismos de prevención y protección para el gremio.
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