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Las irregularidades en el Registro Civil de Oaxaca no son un tema aislado ni reciente. Desde hace años, la población ha denunciado cobros indebidos, trámites condicionados, alteración y falsificación de actas, usurpación de funciones y un servicio marcado por la opacidad. Se trata de una institución clave para la certeza jurídica de miles de oaxaqueñas y oaxaqueños, cuyo correcto funcionamiento no admite excusas ni tolerancia a la ilegalidad.
En este contexto, la diputada Irma Pineda Santiago fijó una postura clara desde la tribuna del Congreso del Estado: su intervención no obedece a una persecución política ni a señalamientos personales, sino al ejercicio legítimo de fiscalización, prevención y defensa de derechos humanos. La legisladora sostuvo que el Registro Civil, por su naturaleza de orden público e interés social, debe operar bajo estándares estrictos de legalidad, transparencia y respeto a la dignidad de las personas.
Irma Pineda expuso la persistencia de prácticas graves que podrían configurar faltas administrativas y delitos, como la alteración de documentos oficiales, cobros no autorizados, deficiencias en los mecanismos de control y casos de acoso laboral y sexual al interior de la institución. Frente a ello, exhortó al Director General del Registro Civil a implementar controles de confianza obligatorios, reforzar auditorías y supervisiones, iniciar procedimientos administrativos y dar vista a las autoridades competentes cuando existan indicios de responsabilidad.
Además, planteó medidas correctivas y preventivas: capacitación obligatoria en derechos humanos, acciones para erradicar el acoso laboral y sexual, y la rendición de un informe transparente al Congreso sobre las acciones emprendidas y sus resultados. Su posicionamiento fue, en esencia, un llamado a corregir prácticas ilegales que afectan directamente a la ciudadanía.
No obstante, el debate legislativo tomó un giro preocupante cuando la diputada Dulce Belén Uribe Mendoza salió en defensa del director del Registro Civil, Alfredo Santiago Chávez, quien además es su esposo. Esta intervención abrió un flanco delicado en el Congreso: un conflicto de intereses evidente, donde el vínculo personal se impuso sobre el deber institucional de vigilar y exigir rendición de cuentas.
Desde una perspectiva legal, esta defensa vulnera los principios de imparcialidad, objetividad y ética pública que rigen el ejercicio legislativo. Políticamente, normaliza el uso del recinto legislativo para blindar a funcionarios señalados, debilitando la confianza ciudadana y desacreditando los mecanismos de control democrático.
La diferencia de posturas es clara: mientras Irma Pineda exige investigación, controles y transparencia, la defensa familiar sin indagatoria previa envía el mensaje de que el poder se protege a sí mismo. El Congreso del Estado de Oaxaca no está llamado a encubrir, sino a garantizar legalidad y justicia.
La pregunta persiste y sigue siendo incómoda pero necesaria:
¿dónde queda la ética pública cuando el interés personal se antepone al derecho de la ciudadanía a un servicio digno y legal?
Mientras no se separen los intereses privados del ejercicio del poder, cualquier discurso contra la corrupción seguirá siendo solo retórica.
