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La mandataria asegura que no existen condiciones financieras para regresar al esquema anterior de pensiones, critica a la CNTE por alinearse con discursos conservadores y defiende la reforma al Poder Judicial como un mandato del pueblo.
La presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo
descartó este lunes que su gobierno contemple la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una de las principales demandas del magisterio, particularmente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Argumentó que no hay viabilidad fiscal para asumir el costo que implicaría regresar al sistema anterior de jubilaciones.
“Si bien es cierto que tampoco estamos de acuerdo con la reforma de 2007, regresar a una situación previa representa una carga a las finanzas públicas que el Estado mexicano no puede atender”, afirmó la mandataria, advirtiendo que volver al esquema solidario pondría en riesgo los recursos públicos destinados a salarios y prestaciones de todos los trabajadores del Estado.
La presidenta también cuestionó el rumbo de las movilizaciones actuales de la CNTE, especialmente su llamado a boicotear la elección para la reforma al Poder Judicial programada para el próximo domingo. “¿Qué tiene que ver la derogación de la Ley del ISSSTE con el Instituto Nacional Electoral? -Cuestionó-Ahora ya plantean lo mismo que la derecha, que no haya elección el domingo. Están coincidiendo con los más conservadores”, expresó.
Según explicó, los dos planteamientos centrales de la CNTE —derogar la ley de 2007 y aplicar la reforma educativa de 2019— han sido desplazados por nuevas exigencias, como elevar de 10 a 15 UMAS el tope de pensión, lo cual, dijo, solo beneficiaría al 7% de los maestros con mayores ingresos. “Esto no es una demanda que beneficie a la mayoría del magisterio”, puntualizó.
Frente a los señalamientos de que los recursos para mejorar las pensiones podrían venir de las deudas que tienen los estados con el ISSSTE, la mandataria reconoció que esas deudas existen, pero enfatizó que no es un tema de voluntad política, sino de limitaciones presupuestales también en las entidades. “Los estados tienen maestros estatales que no están federalizados y han hecho esfuerzos por mejorar sus condiciones. No se trata de presionar a los gobernadores, sino de encontrar soluciones viables en mesas de trabajo”, afirmó.
Las declaraciones se dan en un contexto de creciente tensión entre el gobierno federal y la CNTE, que ha instalado un plantón en el Zócalo capitalino y realizado diversas protestas para exigir la cancelación de la Ley del ISSSTE de 2007, aprobada durante el sexenio de Felipe Calderón y que instauró el sistema de cuentas individuales para las pensiones del sector público.
En contraste, el actual gobierno ha promovido el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que busca garantizar hasta $17,000 mensuales de pensión a quienes cotizan en el sistema de Afores, sin modificar la ley vigente. La presidenta ha reiterado que esta medida ya representa un avance histórico en materia de justicia social y que otras demandas, aunque legítimas, no pueden ser cubiertas por razones financieras.
Fue enfática: no habrá reforma a la Ley del ISSSTE de 2007. Calificó de “contradictorias” las posturas de quienes demandan justicia para el magisterio mientras llaman a boicotear una elección que —según dijo— es una herramienta del pueblo para reformar el Poder Judicial. La confrontación con la CNTE marca un momento clave en la relación entre el gobierno de la 4T y un sector históricamente movilizado de la educación pública.
