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Oaxaca de Juárez.– Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el secretario de Finanzas, Farid Acevedo López, informó que la deuda pública de Oaxaca se ubica actualmente en alrededor de 26 mil millones de pesos, lo que representa una reducción cercana a 10 mil millones respecto al monto recibido al inicio de la presente administración.
El funcionario explicó que en 2022 el estado heredó dos grandes tipos de pasivos: una deuda bancaria por 17 mil 532 millones de pesos y una deuda con dependencias federales —principalmente con el SAT y el ISSSTE— que superaba los 17 mil millones.
Detalló que la deuda federal genera recargos, actualizaciones mensuales e intereses, además de que, en ausencia de convenios de pago, la Federación puede retener directamente recursos de las participaciones estatales. Para evitar estas afectaciones, el gobierno estatal priorizó la firma de convenios y el pago de estos adeudos.
Como resultado, se han liquidado más de 7 mil millones de pesos de deuda federal. Actualmente permanecen pendientes alrededor de mil 800 millones con el SAT y poco más de 450 millones con el ISSSTE.
En cuanto a la deuda bancaria, Acevedo López señaló que la reducción del capital ha sido limitada, con apenas 900 millones de pesos amortizados, mientras que el estado ha pagado aproximadamente 5 mil 500 millones en intereses, además de cerca de 500 millones por servicios de deuda y 33 millones en coberturas financieras para mitigar el impacto de posibles alzas en las tasas de interés.
Precisó que el pago registrado de 6 mil 192 millones de pesos corresponde al cumplimiento de compromisos financieros vigentes y no a nueva contratación de deuda.
El secretario reconoció que no es viable liquidar la deuda bancaria de manera inmediata sin afectar las finanzas públicas o recurrir a nuevo endeudamiento, por lo que se mantiene una estrategia de pagos graduales utilizando participaciones federales.
Finalmente, indicó que, aunque la reducción de pasivos no es tan visible como la inversión en obra pública, es un proceso necesario para estabilizar las finanzas estatales y garantizar el cumplimiento de obligaciones heredadas de administraciones anteriores.
