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El gobierno de Movimiento Ciudadano (MC), encabezado por Pablo Lemus Navarro, reprimió con gases lacrimógenos e intervencion policial a ciudadanos de Guadalajara, Jalisco, que salieron a las calles para exigir un derecho humano tan básico como agua para satisfacer sus necesidades básicas.
Movimiento Ciudadano convirtió una legítima demanda social en un episodio de violencia institucional, toda vez que la ciudadanía tiene derecho a exigir mejores condiciones de vida, a levantar la voz y a reclamar soluciones sin que el ejercicio de sus libertades sea criminalizado ni enfrentado con la fuerza pública.
Criminalizar una protesta justa, perseguir a quienes exigen sus derechos y recurrir a la fuerza policial para contener el descontento social son prácticas que lastiman la democracia y vulneran las libertades fundamentales.
Cuando un gobierno, como el de Movimiento Ciudadano, confunde la exigencia ciudadana con una amenaza, deja de escuchar a la gente y convierte el poder público en un instrumento de intimidación y agresión. Ninguna autoridad debería olvidar que gobernar implica garantizar derechos, no reprimir a quienes los defienden. La represión y las prácticas autoritarias no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia.
En una democracia, exigir agua limpia no es un delito; es reclamar dignidad, salud y justicia. La ciudadanía no necesita gobiernos como el de Movimiento Ciudadano que silencie con policías, sino autoridades que respondan a sus demandas. Porque cuando la fuerza sustituye al diálogo y la protesta se convierte en motivo de persecución, se encienden las alertas frente al autoritarismo y a cualquier medida represiva que pretenda imponerse sobre los derechos del pueblo.
