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Un golpe quirúrgico de las fuerzas federales y estatales contra las estructuras paralelas de seguridad en Juchitán destapó la operación clandestina de una red de videovigilancia espejo desde el C2 municipal. El hallazgo derivó en la detención de dos personas, el aseguramiento de armas no registradas y el inicio de un proceso integral para recuperar el control institucional de la seguridad pública en el Istmo de Tehuantepec.

Más de 1,000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), ejecutaron un operativo conjunto que incluyó la intervención directa del edificio de la Policía Municipal, el C2 de Juchitán, y la transferencia inmediata de su operación al C4 estatal.

El fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que el despliegue fue resultado de un proceso de inteligencia que detectó que elementos del propio cuerpo policial y operadores del C2 facilitaban actividades delictivas.

“La decisión de intervenir no fue improvisada. Teníamos información clara de que el sistema de vigilancia municipal estaba comprometido y se usaba para favorecer a la delincuencia. El objetivo era desarticular estas estructuras de complicidad y devolverle al Estado el control legítimo de la seguridad”, señaló durante la conferencia matutina del gobernador.

Durante el cateo se aseguraron 45 armas de fuego, chalecos antibalas, cargadores y cartuchos de diversos calibres que no contaban con los permisos de la Licencia Oficial Colectiva (LOC), expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional. Las armas están siendo revisadas en coordinación con la Policía Estatal para determinar su legalidad.

Los dos detenidos fueron identificados como N.H.B., de 45 años, presunto operador del C2, por halconeo, y R.D.M.L., de 30 años, por posesión de narcóticos. También fue decomisada una motocicleta con reporte de robo.

Como parte del saneamiento institucional, 218 policías municipales fueron concentrados y se encuentran en proceso de evaluación mediante exámenes de control y confianza. Aunque no están detenidos, fueron retirados de sus funciones y no pueden operar armados ni participar en tareas de seguridad hasta concluir el proceso, informó el fiscal.

“Queremos una policía municipal confiable, con elementos evaluados, capacitados y libres de vínculos criminales. Por eso asumimos el mando total de la corporación. En este momento, la seguridad en Juchitán está a cargo de la Policía Estatal, bajo el mando del comandante Gilberto Ángel Hernández Villarreal”, detalló Rodríguez Alamilla.

La intervención no se limita a las instalaciones. A partir del operativo —denominado “Operación Sable Reforzada”— se desplegaron recorridos disuasivos, filtros de revisión, inspecciones al transporte público, así como acciones de inteligencia focalizadas en colonias periféricas, donde se ha concentrado la violencia reciente.

También se iniciaron procesos de reordenamiento de taxis, mototaxis y transporte urbano y suburbano, así como la inspección de puntos de riesgo, establecimientos comerciales y zonas de operación criminal.

El fiscal informó que ya se ha detenido a seis personas por su participación en los ataques incendiarios contra tiendas OXXO, y que se han abierto nuevas carpetas de investigación con base en los hallazgos del operativo.

Rodríguez Alamilla advirtió que el proceso de recuperación institucional tomará al menos 60 días, pero que se trata de una estrategia de largo alcance que busca sentar las bases de una seguridad pública legítima y cercana a la ciudadanía:

“Juchitán es el epicentro del Istmo, y garantizar la seguridad aquí es una prioridad estratégica para el Estado. Estamos trabajando con la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la SSPC para desmantelar cualquier red paralela de vigilancia, mando o control que haya operado desde dentro de las estructuras municipales”.

La Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar la posible responsabilidad de funcionarios municipales, sin descartar que el operativo se extienda a otros municipios de la región si se detectan patrones similares.